La Comisión Permanente aprobó este miércoles el dictamen presentado por el Senador de Víctor Fuentes Solís por el que se exhorta al Congreso de Nuevo León a llevar a cabo las adecuaciones normativas correspondientes a su legislación local, a fin de incorporar el uso de programas sociales con fines electorales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
“El uso de programas sociales con fines electorales impactan a la sociedad por ser enfocados a grupos vulnerables, condicionando así su voto bajo la amenaza de perder los referidos apoyos. Por eso llamamos a que se incluyan, en apego al artículo 19 de la Constitución, en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, explicó
El senador detalló que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2021, en el estado de Nuevo León se presentaron 549 casos de delitos electorales de los cuales no se ha logrado ninguna condena, lo que vuelve imperante dichas adecuaciones a la legislación del estado.
“No podemos permitir que se abuse de la gente, que se abuse de quienes hacen uso de su derecho al voto libre y secreto. Es por eso que debemos evitar que se repitan casos como los registrados durante el proceso electoral de 2021 donde los delitos electorales no se hicieron esperar en Nuevo León. Que los responsables paguen con cárcel”, exigió Fuentes Solís.
Por último, el Senador resaltó la importancia de continuar trabajando a favor de la transparencia y de la justicia. Así como para poner fin a las malas prácticas en materia electoral, en las que los principales afectados son los mexicanos.
“Vamos a seguir firmes con nuestro compromiso de trabajar a favor de todas y todos los mexicanos. Es tiempo de poner fin a las malas prácticas durante los procesos electorales, para que sean transparentes y llevados a cabo con apego a la ley”, concluyó.